Para Portugal, resolver una crisis económica podría implicar el inicio de un grave conflicto social. Su dilema es cómo hacer que sus ciudadanos acepten sin revuelo los ajustes fiscales que la Comisión Europea le exige a cambio del préstamo de 80 mil millones de euros que el país necesita para estabilizar su economía [abril 8, 2011].

Por eso el llamado de Fernando Teixeira dos Santos, ministro de Finanzas portugués, adquiere un sentido especial: «Necesitaremos el compromiso del país, no sólo del Gobierno».

Por su parte, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, precisó que las «estrictas medidas financieras» a las que está condicionado el préstamo incluyen ajustes en tres aspectos: «un fuerte ajuste fiscal», «un plan de privatizaciones ambicioso» y «una serie de reformas estructurales profundas, principalmente en el mercado laboral».

Éste último tema es el que preocupa especialmente al gobierno portugués, pues podría generar el descontento social y acarrear polarizaciones en momentos clave de la reestructuración del Parlamento.

Ante esto, la Comisión Europea ha sugerido que «el plan de ajustes sea negociado entre el actual gobierno, los partidos en la oposición y actores ciudadanos», con el fin de que se logre el mayor consenso posible.

Además, Jean-Claude Juncker dijo que, como en los casos de Grecia e Irlanda, Portugal deberá asegurar que, sea cual sea el partido ganador de las próximas elecciones parlamentarias, el 5 de junio, las medidas pactadas se pondrán en marcha.