La Cámara de Diputados aprobó reformas a un paquete de leyes secundarias en materia de acciones colectivas para que los consumidores y grupos de ciudadanos puedan «iniciar procedimientos jurídicos contra empresas o monopolios, cuyas actividades lesionen el interés de la población» [La Jornada, abril 29, 2011], en materia «económica, de protección al consumidor, equilibrio ecológico y servicios financieros».

Dichas reformas tienen su antecedente en la aprobación [julio, 2010] de la Ley reglamentaria del párrafo tercero del Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de acciones colectivas, por la cual se integró dicha figura en el marco legal mexicano para que los derechos de grupos tengan un respaldo jurídico.

Con la aprobación de este paquete, las entidades a través de las cuales se podrán ejercer acciones colectivas son: procuradurías Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Federal de Competencia.

Sin embargo, el diputado Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo, advirtió que estas modificaciones «no permiten acciones colectivas en materia sindical o político-electoral […] en materia de derecho a la educación, a la vivienda, a la salud» [El Universal, abril 29, 2011].